Un crecimiento mínimo del Producto Interno Bruto (PIB), a precios constantes, del 3 %, se prevé para el 2023, a partir de la reactivación de actividades productivas nacionales y una mayor captación de divisas por exportaciones, informó Alejandro Gil Fernández, Vice Primer Ministro y titular de Economía y Planificación (MEP), a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Al respecto, destacó que la economía cubana sigue mostrando signos de recuperación, aunque no logra hacerlo a la misma velocidad de la caída sin precedentes de casi 11 % que sufrió en 2020.
No obstante, existen las condiciones para lograr los objetivos propuestos y que 2023 sea un mejor año, lo cual se sustenta, entre otras cosas, en el control que ha logrado Cuba en relación a la COVID-19, en los resultados positivos de las recientes giras internacionales de la dirección del país y de la Feria Internacional de La Habana donde se evidenció el creciente interés del empresariado extranjero, a pesar del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.
En un primer momento de su intervención, al evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de la Economía Nacional al cierre de 2022, el Vice Primer Ministro destacó que se calcula un crecimiento del PIB en torno al 2 %, no alcanzando así los niveles proyectados (4%).
Aun cuando no se alcanzan los valores de 2019, tampoco hemos retrocedido y eso refleja el proceso gradual de recuperación en el que está inmerso el país desde mediados de 2021, comentó. «Si bien, las medidas diseñadas no logran todos los impactos esperados, vamos avanzando en soluciones».
En tal sentido, señaló que si bien crecieron las exportaciones que se habían previsto en el plan —816 millones dólares más que el año pasado—, aún estamos muy por debajo de los valores prepandemia.
Por otra parte, no se alcanzan los niveles proyectados en dos actividades fundamentales para los ingresos en divisas: el turismo (se está previendo cerrar el 2022 con 1,7 millones de visitantes extranjeros, cuando la meta era 2,5 millones) y los servicios de telecomunicaciones.
El déficit de divisas sigue siendo la restricción principal de la economía para alcanzar los niveles de 2019, como primera meta para la revitalización en la producción y los servicios, teniendo en cuenta que ni 2020 ni 2021 son referencias, debido a la brusca caída del PIB, aseguró el Vice primer ministro.
Gil Fernández hizo referencia a la lenta recuperación de la producción nacional, teniendo en cuenta que existen producciones que se recuperan, pero aún muy por debajo de la demanda, en tanto, las principales no alcanzan los niveles planificados, incidiendo en el déficit de insumos y alimentos.
También resulta un aspecto negativo que existan más de 217 477 hectáreas de tierras ociosas o deficientemente explotadas.
Las principales afectaciones, dijo, han estado asociadas a limitaciones en la importación como resultado del aumento de precios y el no cumplimiento de producciones nacionales.
Inflación: Precio de cesta de bienes y servicios crece casi un 29%
Respecto a la inflación, indicó que la acumulada hasta el mes de octubre de este año es del 29 %, en tanto, la interanual, respecto a octubre de 2021, es casi del 40 %, lo cual va directo contra la capacidad de compra del salario y de las pensiones, afectando el consumo de la población.
Es este uno de los temas más complicados que tenemos que enfrentar y uno de los más urgentes, y su solución transita por varios factores: incrementar la oferta, tener un control del déficit presupuestario, la disminución de gastos en determinados sectores, y el incremento de ingresos en divisas, detalló.
«No basta solo con que crezcan los ingresos, sino que tiene que darse con una estabilidad de los precios». Aclaró, al respecto, que si en las condiciones actuales de escasez, de déficit y oferta que vive el país, se incrementan los salarios para tratar de equiparar el casi 30 % de pérdida de capacidad de compra, los precios van a subir 40 % más, y se crea más inflación.
Puntualizó, además, que persisten violaciones de precios que se ponen de manifiesto, tanto en el sector estatal como no estatal. Aquí, subrayó, existe un presente especulativo y que la población está pagando un precio muy por encima de los costos, más allá de la inflación importada. «Las medidas de control de precios tienen que ser efectivas para detener la espiral inflacionaria».
Respecto a las medidas en el ámbito monetario, destacó el haber iniciado la implementación del mercado cambiario en agosto pasado, como una pieza importante para la estabilización económica y que, hasta la fecha, ha permitido al Estado comprar más de 15 millones de dólares, lo que representa 10 veces más de lo que se estaba comprando antes de la medida.
Indicó que este dinero se ha invertido en el propio mercado para la venta en efectivo a la población, alrededor de nueve millones, y el resto a actores económicos para el pago de determinados insumos para ventas en pesos cubanos.
Sabemos de las insatisfacciones sobre este tema, y que la demanda es muy superior, pero hay que tener en cuenta que el mercado cambiario tiene su propia fuente, y que la divisa que se puede vender es a partir de la que se logra comprar, precisó.
En torno a la participación de la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista, señaló que actualmente hay 60 intereses de inversión y se encuentran en fase avanzada de negociación 5 proyectos.
El titular del MEP insistió en la necesidad de pasar de una visión asistencialista a una verdadera transformación social, teniendo una correcta identificación de los vulnerables y un acompañamiento que ayude a estas personas a salir de esa situación y recibir retribución por el trabajo aportado.
Nuevos actores económicos en Cuba
Respecto a los nuevos actores económicos, hasta el 30 de noviembre se contabilizaban 5 895 mipymes y 59 cooperativas, que generan más de 100 000 nuevos empleos. No obstante, a pesar de las medidas implementadas, Gil Fernández enfatizó que no se logra aún el estremecimiento necesario de la empresa estatal.
En función de ello, se trabaja en nuevas medidas: misión y las funciones de las juntas de Gobierno y de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial; funcionamiento de las mipymes y las empresas filiales; y la clasificación de las empresas estatales según su razón social.