Desde el 2022 Cuba trabaja en la concreción de las bases que podría tener una Ley de Empresas, cuyo anteproyecto será sometido a discusión y aprobación en diciembre de este año por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Los resultados de una encuesta realizada con ese propósito a 646 empresarios estatales, en busca de los primeros consensos, fueron expuestos en una reunión del Consejo Interinstitucional de uno de los macroprogramas del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, el de Gobierno, institucionalidad y macroeconomía.
Alejandro Gil Fernández, vice primer ministro y titular del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), destacó la importancia del proceso de debates y consultas que se desarrollará en todo el territorio nacional, en aras de enriquecer el documento inicial, ahora en preparación para someterlo a la valoración de la dirección del país.
Subrayó que el llamado del General de Ejército Raúl Castro Ruz a estremecer la empresa estatal socialista, la Constitución de la República, los Lineamientos del VII Congreso del Partido y la Conceptualización del Modelo Económico Cubano sirven de guía para sentar los principios de la futura legislación.
La mencionada encuesta permitió recoger los primeros consensos alrededor del alcance, objetivos y principios de la ley.
Sobre la empresa estatal se valorarán sus movimientos organizativos y descentralización, tipología, la integración, el patrimonio, las formas de asociarse o expandirse, el régimen económico, la autonomía, las relaciones financieras con el Estado, la participación de los trabajadores, los órganos de dirección, la responsabilidad social y el control y la auditoría interna, entre otros.
Gil Fernández y Johana Odriozola Guitart, viceministra del MEP, recordaron el peso de la empresa estatal en la economía cubana, como principal aportadora de bienes y servicios, por lo cual debe distinguirse por su eficiencia y eficacia.
¿Cuál es el modelo de empresa que necesitamos? se preguntó el vice primer ministro, y aclaró que esta ley ayudará a poner en su lugar muchas cosas asociadas a sus misiones, gobernanza, Juntas de gobierno, Osde (organización superior de dirección empresarial), asignación de recursos, facultades para promover la inserción internacional y creación de negocios con inversión extranjera, entre otros aspectos.
En el encuentro del Consejo Interinstitucional del macroprograma Gobierno, institucionalidad y macroeconomía representantes de la academia y de varios organismos expusieron sus criterios en torno a la futura normativa, cuya aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular se adelantó para diciembre del actual año.
Con Información de ACN.